El desarrollo del campo es un eje indiscutible para el bienestar de cualquier sociedad, y en Colombia, en particular, resulta fundamental para mantener la seguridad agroalimentaria. Sin embargo, y a pesar de que 68% de los municipios son rurales, el campo colombiano presenta un atraso considerable frente a las zonas urbanas en materia económica y social.
En efecto, según cifras del Dane, la incidencia de la pobreza monetaria extrema es doce puntos porcentuales más alta en centro poblados y ruralidad dispersa que en las cabeceras urbanas.
Reducir estas brechas es imperativo, y la banca tiene un rol determinante para lograrlo por medio de una mayor inclusión financiera, tanto en materia de acceso como uso, a través del crédito destinado a proyectos productivos agropecuarios.
uando se habla de colocaciones agropecuarias y rurales, necesariamente se debe mencionar al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), hoy perteneciente al Grupo Bicentenario. Cabe destacar que este banco de segundo piso, que se creó en 1990 con la Ley 16, se caracteriza por ser el único en su clase al dirigir recursos a un sector particular de la economía, lo que lo convierte en una pieza angular para el otorgamiento de crédito en condiciones de fomento para todo tipo de productores rurales en el país.
En 2023, a través de esta entidad, los intermediarios financieros realizaron 553.000 operaciones de crédito por más de $24,7 billones, con lo cual la cartera bordeó los $40 billones.
Si se comparan estas cifras con las de hace solo diez años, se evidencia que el crecimiento ha sido exponencial, pues la cartera es tres veces mayor, mientras que las colocaciones se duplicaron en número y se triplicaron en monto. Sin embargo, a pesar de estos avances, debe reconocerse que hay un gran trabajo por hacer.
Al respecto, es oportuno señalar que escalar el crédito a los esquemas asociativos y a los pequeños productores de más bajos ingresos todavía representa un reto, dado que la baja gestión de riesgos de estas unidades es uno de los desafíos más comunes a los que se enfrentan los intermediarios a la hora de otorgarles créditos. No obstante, es en este segmento en donde las oportunidades para transformar las condiciones de los productores son más grandes.
En este sentido, el trabajo colaborativo entre las autoridades y el sector privado alrededor de instrumentos como el Incentivo a la capitalización Rural (ICR), el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), es fundamental para impulsar la inclusión financiera de estos productores. De hecho, el Gobierno está trabajando para empaquetar estos instrumentos con el fin de vincular más asociaciones de productores al sistema financiero a través de una gestión de riesgo integral.
En esta línea, la meta que debemos tener presente como país es cerrar la brecha de profundización financiera entre toda la economía y el sector agropecuario. Esto significa pasar de una profundización financiera agropecuaria de 29% a 45% e incrementar la cartera rural en $24 billones. Para alcanzar estos objetivos, serán fundamentales los instrumentos complementarios al crédito, la tecnificación del campo, las políticas de largo plazo y el trabajo colaborativo con Finagro.