Durante la última semana de junio, el presidente Gustavo Petro y su gabinete estuvieron ejerciendo sus funciones desde La Guajira, y uno de los objetivos de la visita es dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, sentencia que confirma la vulneración desproporcionada y generalizada de derechos fundamentales del pueblo Wayúu.
Entre las acciones del gobierno nacional destaca la declaración de estado de emergencia económica, social y de salud en el departamento, de acuerdo con el jefe de estado “La Guajira vive una calamidad pública en este momento, entre muchas razones, porque hoy buena parte de la población no tiene agua potable”.
Esta medida incluye, la creación de un instituto de aguas y la construcción de dos plantas desalinizadoras para enfrentar las sequías porque, en sus palabras, “se agravarán las circunstancias de oferta de líquido vital por el fenómeno del Niño”. Diana Carolina Rueda, jefe de la oficina de pronóstico del Ideam, había explicado previamente luego del último informe de la entidad que “en la Guajira se espera que entre septiembre y octubre empiece una mayor incidencia y afectación por causa de El Niño”.
“Este proyecto que demandará dinero público del presupuesto nacional y bastante, pero que queremos hacer con amor, porque de eso se trata el cambio, de que el dinero público empiece a fluir a los más necesitados, las más necesitadas y no a los mismos de siempre, enriqueciéndose”, afirmó el jefe de Estado durante su visita.
El escepticismo en los gremios no se hizo esperar, Fedetranscarga, representado por su presidente Arnulfo Cuervo, dijo según lo informó RCN Radio que “la situación de La Guajira por décadas es la que hoy se está viviendo y hoy esa declaratoria, muy seguramente cuando sea estudiada por la Corte Constitucional, la tendrán que revocar porque no ha existido ningún hecho sobreviviente.
Fenalco, por su parte, catalogó en un comunicado la medida como carente de claridad constitucional, sostiene que “corresponde a la Corte Constitucional determinar si la falta de agua y la desnutrición infantil, que son problemas estructurales”.
“La solución a este drama, evidente desde hace tiempo, incluso antes de la reforma tributaria del año pasado, debió contemplarse dentro del complemento presupuestario de unos 17 billones de pesos, aprobado recientemente, en condiciones constitucionales ordinarias”, aseveró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Así que se deja en evidencia que una de las preocupaciones es que el estado de emergencia condene la economía del resto del país, el líder del gremio indicó, “el gobierno debe ser muy cuidadoso al hacer uso de la emergencia, evitando nuevos impuestos que contraigan la economía y cualquier señal contraria a la libertad de empresa y a la seguridad de las inversiones. Cualquier error en ese sentido, impulsaría al dólar al alza, aumentando las necesidades de recursos para atender el servicio de la deuda”.