La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) se encuentra en su sexto de ocho debates legislativos, con el Gobierno defendiendo su propuesta como un avance hacia la descentralización. Sin embargo, analistas y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal han expresado preocupaciones

La reforma busca modificar el mecanismo mediante el cual los municipios, distritos y departamentos reciben recursos del Gobierno Nacional, fondos que son esenciales para financiar servicios básicos como educación, salud y agua. Actualmente, la distribución de estos recursos se basa en criterios como la población, las necesidades y los niveles de pobreza de cada región.

Los recursos del Sistema General de Participaciòn, SGP,  provienen de los ingresos corrientes de la nación (ICN), que se generan a través de impuestos directos e indirectos, cobros de derechos administrativos y ventas de bienes básicos, entre otras fuentes. Según estimaciones de Corficolombiana, se espera que el monto del SGP alcance los $70,5 billones en 2024. Bajo la legislación vigente, el Gobierno destina el 23,8% de los ingresos corrientes a este sistema, mientras que la reforma propone aumentar este porcentaje al 46,5% en la próxima década.

El Ministerio del Interior ha argumentado que esta reforma es un paso fundamental hacia la descentralización, ya que busca fortalecer las instituciones territoriales mediante la asignación de más recursos y mayores responsabilidades. Esto permitiría a los gobiernos locales tener un papel más activo en la administración, ejecución y supervisión de sus proyectos.

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El Gobierno sostiene que la reforma es una forma de hacer justicia con los territorios y de abordar los problemas generados por las contrarreformas a la Constitución de 1991, así como las reformas de 2001 y 2007. Se argumenta que el país necesita más autonomía territorial y que es crucial cerrar las brechas entre las diferentes regiones, dado que el centralismo exacerbado en Colombia se ha convertido en una amenaza para la unidad nacional, sostiene el diario la República

A medida que avanza el debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, es evidente que la propuesta plantea un dilema significativo: la necesidad de descentralización y autonomía territorial frente a la viabilidad fiscal del país.

Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el incremento de las transferencias a las entidades territoriales hasta un 46,5% de los ingresos corrientes para el año 2036 sería el principal motivo por el cual la reforma no es fiscalmente viable. Este aumento podría llevar el déficit fiscal por encima del límite establecido por la ley, que es del 71% del PIB.

Además, la reforma implicaría un esfuerzo significativo para financiar estos recursos adicionales. Se estima que sería necesario recaudar, en promedio, lo equivalente a tres reformas tributarias solo para cubrir los incrementos en las transferencias del SGP.

Corficolombiana ha advertido que, de aprobarse la reforma, las transferencias al SGP en 2035 representarían el 9,2% del PIB. En contraste, bajo la legislación actual y de acuerdo con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el costo del SGP se mantendría en un 5,1% del PIB durante la próxima década.

Durante este período, se prevé que el aumento promedio de los recursos que recibirían los territorios sería del 2,3% del PIB, una proporción que supera la recaudación obtenida con la reforma tributaria de 2022, que fue del 1,7% del PIB. Estos datos subrayan la necesidad de un análisis exhaustivo sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma y sus posibles repercusiones en la economía nacional.

A medida que avanza el debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, es evidente que la propuesta plantea un dilema significativo: la necesidad de descentralización y autonomía territorial frente a la viabilidad fiscal del país. Si bien el fortalecimiento de las instituciones locales es un objetivo loable, la falta de consideración sobre las implicaciones fiscales a mediano plazo podría poner en riesgo la estabilidad económica del país. Es fundamental que los legisladores encuentren un equilibrio que permita avanzar hacia una mayor descentralización sin comprometer la salud fiscal de la nación.