Nuestra economía, y en particular el sector financiero, ha cambiado significativamente en los últimos años. En algunos aspectos hemos hecho grandes avances, mientras que, en otros, nos queda camino por recorrer.

Por ejemplo, en la última década, la inclusión financiera medida por el acceso a productos financieros pasó de 73% a 95%, es decir, estamos a menos de seis puntos de alcanzar la universalización. Además, el nivel de digitalización de las operaciones financieras aumentó exponencialmente, pasando de 7.000 operaciones por minuto a 31.000.

Sumado a lo anterior, el ecosistema financiero se ha enriquecido gracias al ingreso de nuevos competidores, el surgimiento de otras industrias y actividades no tradicionales, la digitalización de los servicios y, por ende, una mayor regulación. En efecto, en la última década el número de agentes en el sistema se ha duplicado, pasando de 160 jugadores en 2014, incluyendo bancos, establecimientos de crédito, cooperativas, fintechs y fondos de empleados, a cerca de 400, avances que, sin duda, nos hablan de una nueva realidad para nuestro sector financiero.

No obstante, en materia de lucha contra el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/Fpadm) el avance ha sido limitado, y por ello no solo toma hoy mayor relevancia para el ecosistema financiero, sino que va a acompañada de grande retos: (i) garantizar el cumplimiento de todos los estándares internacionales; (ii) aumentar la efectividad de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS); y (iii) disminuir el sobreuso del efectivo.

En primer lugar, es indispensable que el país cumpla con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), esenciales para adoptar medidas efectivas y fortalecer el sistema de gestión de riesgos de LA/FT/Fpadm.

A la fecha, el país ha cumplido con 14 de las recomendaciones, mientras que 16 han sido mayoritariamente acogidas, sumando 75% del total. Sin embargo, de las nueve recomendaciones que aún siguen pendientes, preocupa que no se hayan implementado sanciones financieras dirigidas a la prevención, represión e interrupción de la Fpadm. De ahí la importancia de que se pueda avanzar en esta materia a más tardar en 2028.

En segunda instancia, es fundamental que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades contengan información clara, específica y oportuna para el análisis financiero. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) estableció un Indicador de Efectividad para los Reportes (Ieros), en el cual los sujetos obligados obtuvieron una calificación de 2,9 sobre 5,0. Aunque no es un resultado específico para el sector financiero, debemos contribuir aumentando su efectividad y así mejorar el indicador, ubicándolo, al menos, en 3,6 para 2028.

En tercer lugar, las transacciones en efectivo dificultan detectar el origen de los fondos, evadiendo los controles y regulaciones financieras que existen en los sistemas bancarios y electrónicos. Según la Encuesta de percepción sobre el uso de instrumentos para pagos habituales en Colombia realizada por el Banco de la República, la preferencia por el efectivo es de 75%, una cifra muy alta. Desde el gremio consideramos que el objetivo debería ser reducirla a niveles cercanos a 41%.

El compromiso de las autoridades y el sector en lo que respecta a la implementación del Sistema ALA/CFT/Cfpadm permitirá que enfrentemos todos estos desafíos de manera adecuada y que, de esta manera, el país siga liderando la lucha contra las actividades ilegales y siendo un referente para los países de la región.