El 1% de los municipios del país, donde se concentran cultivos ilícitos, enfrenta una pobreza extrema, lo que genera flujos de capital que se canalizan a través de modelos económicos externos.
Durante el 23º Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM, celebrado en el Hotel Hilton de Cartagena, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, expuso los serios desafíos que enfrenta el sistema financiero colombiano en el contexto actual. Destacó la incapacidad de la Fiscalía para impartir justicia ante la creciente inundación de capitales ilícitos que amenazan la economía del país.
Umaña subrayó que las redes criminales utilizan métodos sofisticados que dificultan las investigaciones. “Los grupos criminales cruzan fronteras con mayor facilidad que los estados”, afirmó, añadiendo que el uso de criptomonedas para el lavado de activos se ha generalizado en varios municipios, especialmente aquellos afectados por economías ilícitas. También destacó el fenómeno de “ilegalidad privilegiada”, que permite que ciertas actividades ilegales sean toleradas dentro del sistema económico.
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El viceministro enfatizó la urgente necesidad de colaboración entre las instituciones financieras y judiciales para mejorar la transparencia y combatir integralmente las redes criminales. Además, mencionó que el 1% de los municipios del país, donde se concentran cultivos ilícitos, enfrenta una pobreza extrema, lo que genera flujos de capital que se canalizan a través de modelos económicos externos.
Colombia ha implementado mecanismos para perseguir tanto a individuos como a capitales ilícitos, como la restricción del derecho de dominio. Sin embargo, este proceso suele ser lento y complicado, afectado por la sobrecarga de trabajo en la Fiscalía y la falta de personal especializado. Entre 2017 y 2023, el país registró 2,206 capturas por lavado de activos, aunque solo 82 personas han sido condenadas por este delito.
Subrayó que es vital que la justicia avance más rápidamente para desarticular las complejas logísticas criminales que afectan al país. “Necesitamos reformas que amplíen la capacidad de la justicia para llegar a más personas y desarticular las redes criminales”, afirmó con énfasis.
El viceministro también abordó la problemática de la sobrecarga en el sistema penitenciario, que enfrenta una sobrepoblación del 24.5%. Propuso una reforma legislativa para agilizar los procedimientos penales y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia, subrayando la importancia de generar recursos adecuados para su financiación.
Por último, Umaña resaltó la necesidad de enfocar las políticas sociales en el uso de bienes de la extinción de dominio para promover la inclusión de comunidades afectadas por la violencia y el narcotráfico. Hizo un llamado a que las reformas busquen establecer un sistema más limpio y transparente, capaz de enfrentar de manera efectiva los fenómenos de criminalidad organizada que han socavado la estabilidad del país.