En medio de un contexto marcado por la desaceleración de la economía, especialmente en sectores como el comercio, la industria y la construcción, unos niveles de inflación que, aunque menores a los de meses anteriores, siguen luciendo elevados y lejanos de la meta del emisor, y un mercado laboral que, pese a su recuperación, ha empezado a dar muestras de ralentización, el país se encuentra atento a la toma de una de las decisiones más importantes en materia macroeconómica: el aumento del salario mínimo que regirá el próximo año.

Durante las últimas semanas, en las mesas de la subcomisión de productividad y de concertación tripartita, conformada por el Gobierno Nacional, los gremios y sindicatos, se han presentado análisis técnicos, propuestas y consideraciones de cada uno de participantes en medio de un ambiente cordial, pero con posiciones divergentes.

Si bien el incremento del salario mínimo suele ser una decisión de gran importancia que debe tener en cuenta múltiples aristas, este año puedo decir que pareciera tener mayor relevancia que otrora. Por un lado, es importante que se busque retribuir los esfuerzos de los empleados que se han visto abocados a las presiones inflacionarias del último año, pero por otro, cabe recordar que la evidencia empírica apunta a que aumentos significativos del salario mínimo, en términos reales, tienen un efecto negativo sobre la generación de empleo, especialmente en el sector formal. A su vez, en un país con marcadas diferencias regionales y entre grupos poblacionales como Colombia, estos incrementos pueden exacerbar las brechas dados los disimiles niveles de productividad.

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta que esta decisión también termina afectando a la población más vulnerable. En caso de que el incremento supere de manera amplia lo que dicta la regla universal de inflación más productividad, se generará una presión adicional sobre los precios. Así, en lugar de impulsar la demanda, como señalan algunos, se propiciaría una mayor indexación y se ralentizaría tanto la convergencia de la inflación al rango meta como el ritmo de los esperados recortes a la tasa de política monetaria.

No puedo dejar de mencionar que, de manera paralela a esta negociación, en el legislativo también se está llevando a cabo el debate de la reforma laboral. En particular, se estima que, de aprobarse, su articulado tenga implicaciones significativas para la generación de empleo formal y la competitividad de las empresas, razón por la que la decisión sobre el aumento del salario mínimo toma mayor relevancia.

Es claro que las posturas entre los participantes en la mesa de concertación son diferenciadas, pero ante un panorama económico que se encuentra sujeto a riesgos externos y locales, se deberán realizar análisis meticulosos y comprensivos de la coyuntura, todo con el objetivo de: i) preservar el poder adquisitivo de la población, haciendo énfasis en la de menores ingresos; ii) impulsar la generación de empleo, especialmente el formal y iii) mejorar la competitividad de las empresas, condición sine-qua-non para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico y reducir la incidencia de la pobreza.

En este escenario, con una inflación que en 2023 bordeará 9,4%, una Productividad Multifactorial que cae 1,0%, una productividad laboral por hora que crece a ritmos de 0,76%, y un salario mínimo que en 2023 creció en términos reales 4,2%, la propuesta de los sindicatos de un incremento para 2024 en torno a 18% claramente no se ajusta con la realidad económica nacional. Por ello, en el espíritu de concertación, el sistema financiero espera que nos acerquemos a una cifra que permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la formalidad laboral y la recuperación económica.